Sábado, 18 Julio 2015 00:00

Súmate recrimina uso de instituciones de Estado para perseguir líderes opositores

 
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La MUD ha anunciado que responderá a las inhabilitaciones con protestas La MUD ha anunciado que responderá a las inhabilitaciones con protestas Foto Prensa MUD

Recalcan que la contraloría no tiene facultad para inhabilitar a candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, y que el CNE debe garantizar el derecho a postularse de Ceballos, Scarano y Machado. 

     
 

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La Asociación Civil Súmate califica como inconstitucional e ilegal la decisión administrativa de la Contraloría General de la República de inhabilitar para ocupar cargos públicos por el lapso de 12 meses a candidatos a diputados a la Asamblea Nacional (AN), expresada recientemente contra los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, y la ex diputada María Corina Machado, por considerar que con esta se viola el artículo 42 de la Constitución Nacional.

“…El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.”

La ONG especializada en temas electorales manifestó, a través de una nota de prensa, que este tipo de decisiones, producidas a menos de tres semanas para las postulaciones de candidatos a diputados -lapso que inicia el lunes 3 y finaliza el viernes 7 de agosto establecido en el Cronograma Oficial- no solo vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución, sino que ratifica la percepción ciudadana de que los poderes del Estado ejecutan órdenes tomadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el alto Gobierno nacional, por lo cual ratifican que no son independientes ni autónomos.

Súmate también recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado por los artículos 5, 63 y 64 de la Constitución a garantizar a todos los venezolanos su derecho a elegir y a ser elegido, por lo que debe desestimar esta decisión administrativa de la Contraloría General de la República, que busca impedir la inscripción de candidatos a diputados a la AN.

Esta ONG denuncia que hay una evidente persecución política por parte del Gobierno nacional y el PSUV contra Ceballos, Scarano y Machado para impedirles que obtengan la curul a diputados en las elecciones a la AN del 6 de diciembre por las circunscripciones de sus respectivos estados.

Antecedentes persecutorios

Su argumento se basa en que en el primer cuatrimestre de 2014 el Gobierno nacional utilizó a los poderes Judicial y Electoral contra los dos primeros ciudadanos, Scarano y Ceballos, quienes fueron condenados por supuesto desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar, con prisión de 10 meses y medio, el primero, y a 12 meses, el segundo, por medio de lo cual dictaminaron su inmediata destitución de los cargos de elección popular como alcaldes de los municipios San Diego, en el estado Carabobo, y San Cristóbal, en el estado Táchira. Además, el directorio del CNE participó en esta acción del PSUV, al convocar a elecciones para alcaldes en ambos municipios el mismo día en que fue publicada la sentencia contra el exalcalde Scarano.

En el caso de Machado, esta ONG señala que la mayoría oficialista en la AN aprobó el 18 de marzo de 2014 la solicitud de allanamiento de su inmunidad, acudiendo el mismo día a la Fiscalía General de la República para que procediera a dar cumplimiento a esta decisión. No conforme con ello, luego de seis días, la directiva de la AN destituyó a la diputada Machado y un día después, el 25 de ese mismo mes, en sesión ordinaria la fracción mayoritaria del PSUV en la AN aprobó esta decisión. La violación de los derechos políticos a la ciudadana Machado fue avalada por la Sala Constitucional del TSJ el 31 de marzo de ese año.

Súmate afirma que esta práctica de perseguir a los ciudadanos disidentes, electos para ejercer un cargo público o de impedirles que vuelvan a obtener el favor del voto popular, por el hecho de adoptar posiciones firmes contra el poder es contraria a la pluralidad política, según el artículo 2 de la Constitución: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. 

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